La política de vivienda CABA 2000 – 2015 (CT-C23-ARPRIFR)

La política de vivienda CABA 2000 – 2015

Código Casoteca: CT-C23-ARPRIFR

Autores: Maximiliano Marqués y Lucio Conti

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Resumen:

Mientras amanecía en la Ciudad, Sonia intentaba agarrar señal con el celular que le había obsequiado una amiga con la que había hecho amistad apenas llegó a Buenos Aires. Necesitaba ubicar algún amigo o pariente para que se quede con su hijo en la casucha improvisada de cartón y bolsas plásticas que había armado en la esquina de Brasil y Pichincha. Tenía que hacer un trámite urgente para renovar el subsidio del gobierno de la ciudad para personas en situación de calle.
Desde su llegada a la Argentina había vivido en varios lugares: en provincia, con el padre de su hijo en Laferrere desde su nacimiento y durante los primeros meses de vida de la criatura; luego se trasladó a capital por cercanía a posibilidades de trabajo. Vivió en paradores, hogares y hoteles de zona sur de la capital por un costo económico razonable.
Sonia es sumamente trabajadora y dedicada, es hábil en costura y lo demostró estando a cargo en un taller que enmendaba ropa y calzado. También trabajó como ayudante de cocina y como personal de limpieza en bares y confiterías. Falta de trabajo nunca tuvo, siempre “algo salía”. Su problema estaba en el tiempo que le debía dedicar a su hijo. El niño nació con una encefalopatía crónica que afecta su motricidad, su capacidad visual, auditiva y social por lo que requiere cuidado constante. A veces pagaba a sus vecinas para que se queden con el niño mientras trabajaba y cuando tenía un poco más de suerte, se quedaba con alguno de sus familiares más cercanos.
Ese día tuvo suerte con Elsa, una de sus primas que momentáneamente estaba sin ocupación y vivía en una habitación que rentaba en zona sur del Conurbano, se ofrecía a quedarse con el chico. Sonia hizo un pequeño bolsito con la ropa y algunos juguetes de su hijo, se tomó el colectivo y luego el tren. Elsa los esperaba con torta frita y unos mates, entre besos, agradecimientos y disculpas por no poderse quedarse a compartir con su prima, Sonia emprendía rápidamente la vuelta a capital.
Tuvo que merodear por las sedes del gobierno de la ciudad –como lo venía haciendo desde la pérdida del subsidio- para averiguar cómo podría acceder a algún tipo de ayuda dada su situación desesperante. El subsidio que percibía del gobierno de la ciudad, estaba dirigido a personas con extrema vulnerabilidad social y al menos, si bien era una modesta suma, le permitía salir momentáneamente de la situación de calle. A pesar de la buena predisposición de empleados públicos y funcionarios en recibirla y escucharla, la respuesta era siempre la misma: no alcanza el presupuesto. La Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad, al ver la situación que vivía esta mujer decide llevar su caso a Tribunales.
El caso de Sonia Quisbert se encuadra dentro de la categoría de litigio estratégico y se encuentra vinculada a una temática constitucional amplia: la operatividad de los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

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Fallo Quisbert

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La política presupuestaria de la Provincia de San Luis (CT-C24-ARPRTRA)

La política presupuestaria de la Provincia de San Luis

Código Casoteca: CT-C24-ARPRTRA

Autor: Pedro Wouterlood

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Resumen:

En diciembre de 2.016, usted asumió la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de San Luis, un cargo creado por ley de la legislatura provincial a instancias de la Gobernadora Faustina Lafinur, una ex compañera universitaria suya. Lafinur había sido electa en octubre de 2.015 por escasísimo margen y tomó posesión del cargo de Gobernadora en diciembre de ese año.
Los resultados provisorios de aquella reñidísima e inesperada elección, habían colocado a Lafinur, la gran sorpresa de tan memorable jornada cívica, por delante de los dos candidatos favoritos.
Lafinur era consciente de que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1.983, el partido hasta entonces gobernante había transmitido el mando a un dirigente de otro partido. No tenía mayoría en ninguna de las Cámaras de la Legislatura Provincial. Su partido nunca había gobernado la provincia, por lo que ninguno de sus colaboradores más cercanos tenía experiencia en cargos de mando. Por eso decidió integrar su gabinete con algunos profesionales de su confianza y otros afines al partido que había perdido el gobierno, a quienes debía enviar señales de cierta cercanía para que la Legislatura no le bloqueara las leyes que necesitaba sancionar.
El primer año de gestión del nuevo gobierno estuvo marcado por varias disputas en el seno de su gabinete, por lo que la Gobernadora decidió reflotar la Jefatura de Gabinete de Ministros, una figura que había sido usada por gobiernos anteriores. En ese contexto, usted tomó posesión del cargo en diciembre de 2.016.
En mayo de 2.017, luego de remitir la cuenta de inversión para que la Legislatura la aprobara, la Gobernadora Lafinur convocó a su gabinete para comenzar a confeccionar el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante. Fue entonces cuando la heterogeneidad del mismo se hizo sentir con más intensidad que nunca. Había una importante tensión entre dos facciones de su equipo, encabezadas, por un lado, por el Ministro de Hacienda –el Contador Javier Moreno, identificado ideológicamente con el anterior gobierno, pero que la Gobernadora respetaba por su solvencia intelectual–, y por el otro, por la Ministra de Educación –la Profesora Alicia Vals, profesional inteligente, de gran capacidad de trabajo y de confianza de la Gobernadora–.
La disputa entre las dos posturas divergentes se centraba principalmente en la forma en que debía confeccionarse el proyecto de presupuesto. La Ministra de Educación proponía contener el descontento creciente en los empleados y funcionarios públicos que reclamaban una importante mejora salarial, y a la vez, aumentar las partidas destinadas a educación en casi un 70% respecto del año en curso para destinarlo a un ambicioso plan de inclusión educativa que se centraba principalmente en becas para estudiantes primarios y secundarios. Esto implicaba flexibilizar las limitaciones que el anterior Ejecutivo provincial había impulsado a lo largo de los años a través de diversas herramientas en materia presupuestaria, principalmente el equilibrio entre gastos corrientes y de capital, en virtud del cual el gasto corriente no debía superar el 50% del presupuesto total. La posición del Ministro de Hacienda, por el contrario, representaba el ala más conservadora del gabinete, quería continuar consolidando una política presupuestaria que entendía exitosa preservando el status quo.
Transcurría junio de 2.017, usted acababa de cumplir su séptimo mes como Jefe de Gabinete, momento en que la Gobernadora le encomendó poner fin a la disputa entre las dos posturas enfrentadas, para lo cual debía decidir sobre lo siguiente:
a) Seguir la política de presupuesto equilibrado entre gastos corrientes y de capital;
b) Proponer la modificación de la Ley Permanente de Presupuesto (Anexo III) que imposibilita superar el 50% de gastos corrientes;
c) Otra alternativa que se le ocurra.
La Gobernadora Lafinur sabía que la correcta solución de este dilema en buena medida redundaría en el éxito o fracaso de su gestión, razón por la cual le encomendó que evalúe las consecuencias jurídicas y políticas que acarrearían cada una de las opciones aludidas.
Para una correcta toma de decisión, usted solicitó informes y realizó entrevistas con dirigentes actuales y de anteriores gestiones en las distintas áreas del Ejecutivo provincial, de las cuales pudo recolectar los siguientes datos e información.

Archivos relacionados:

24. Bibliografía – El sistema presupuestario público – pp. 25-32 38-40 121-126 137-147 244-262 269-278

24. Bibliografía – Guiñazú pp. 35-39 59-71 117-130

Reforma Política en CABA – El caso de la boleta única Electrónica (CT-C31-ARPRELE)

Reforma Política en CABA – El caso de la boleta única Electrónica

Código Casoteca: CT-C31-ARPRELE

Autor: Marcelo Bermolén

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Resumen:

En febrero de 2013 fui designado Director General de Reforma Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque ya desempeñaba actividades en un gabinete jurídico dentro del mismo Ministerio de Gobierno, encontré algunas limitaciones edilicias (espacio físico) y de recursos humanos para iniciar la función. Pude hacerme de una oficina propia tras la semana santa de ese año, lo que no impidió comenzar mi trabajo utilizando áreas comunes -o compartiendo espacios de otras dependencias- e ir armando un equipo idóneo y competitivo para encarar los proyectos y cambios que estimaba adecuados. Todo ello, en el marco de un presupuesto aprobado –con anterioridad a mi designación- que imponía austeridad y restricciones y en medio de un año electoral que –a priori- parecía condicionar la tarea.
Ya comenzada mi gestión, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adecuó sus normas con motivo de la ampliación del sufragio a los jóvenes de 16 a 18 años, a consecuencia de que el Estado Nacional sancionara la Ley N° 26.774 (de “voto joven”) en Noviembre de 2012. Dicha reforma se vio plasmada con la sanción de la Ley N° 4.515, con la que la Ciudad reconoció como nuevos electores locales a los mayores de 16 años, tanto fueran de la población joven argentina -nativa o por opción- como residentes extranjeros (dado que también modificó la Ley N° 334 de Registro de electores extranjeros). Fue a partir de ello, que se originó desde la Dirección a mi cargo el primer programa de capacitación especial electoral como política pública sostenida (“Mi voto, mi elección” capacitación sobre el voto joven en las escuelas secundarias de la CABA que se encuentra vigente y se realiza en conjunto con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Facultad de Derecho de la UBA).
Pero la otra gran tarea, se concentró en trabajar las adecuaciones que impondría la probable sanción de dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo -a mediados de 2012- a través del Ministerio de Gobierno, y confeccionados por la Dirección en su anterior gestión. Aquellos, intentaban incorporar por primera vez para las elecciones locales de la Ciudad, el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) (Exp. 1867-J-12), y el de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas (Exp. 1866-J-12), lo que suponía un avance significativo en la modernización del proceso electoral que la CABA aplicaba hasta entonces en virtual espejo al sistema nacional tradicional de boleta partidaria.
Una de las primeras preguntas que pretende generar este caso es si: ¿un conjunto de leyes importantes y decisivas constituyen en si mismas una Reforma Política o son sólo el engranaje inicial de ella?. A nivel legislativo y a nivel político podrían variar los criterios para definir si algo es en si mismo una reforma o constituye una modificación parcial dentro de un conjunto mayor.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los cambios que propiciaban ambos proyectos resultaban decisivos en tanto implicaban un cambio conceptual en la forma de los comicios, tal como se venían desarrollando hasta ese momento. Por consiguiente, impactaban de lleno en las obligaciones ciudadanas y en el ejercicio de los derechos políticos, -de uno de los más esenciales- como lo es el derecho a elegir a nuestros representantes. Sin embargo, desde el punto de vista legislativo, quedaban fuera de la discusión una serie de variables significativas con proyección directa en las organizaciones políticas, como el financiamiento de los partidos y numerosas regulaciones relativas al funcionamiento del procedimiento electoral (transparencia, acciones de campaña, sanciones, etc.) que en ausencia de un Código Electoral propio (en discusión hasta el presente) se seguirían regulando en base al Código Nacional Electoral como normativa supletoria.
De ahí, que la primera reflexión a considerar, es alentar a producir un amplio y plural debate sobre el alcance y “quantum” de las modificaciones, y mostrar prudencia a la hora de hablar de “Reformas” que luego puedan aparecer como modestas o parciales frente los observadores.
En la sesión del 09 de Diciembre de 2013 se produjo la aprobación de los dos proyectos antes mencionados, los cuales fueron unificados en un solo texto y contenidos en una única Ley N° 4.894 mediante dos Anexos (uno por cada anteproyecto). La curiosa manera de votarlos en la última sesión del año -y contra reloj- dejó en evidencia que se trataba de un paquete acordado que debía votarse en su conjunto y formaba parte de negociaciones políticas más complejas. Si bien la Dirección General de Reforma Política (DGRPOL) enviaba a las reuniones de Comisiones (principalmente la de Asuntos Constitucionales) a sus representantes para evaluar el avance de las reformas e intervenir en las discusiones, también fue consultada en el período de revisión final aunque con relativa incidencia directa en su redacción definitiva.

Plan prioridad peatón (CT-C27-ARPRPLU)

Plan prioridad peatón

Código Casoteca: CT-C27-ARPRPLU

Autor: Demian González Chmielewski

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Resumen:

Mauricio Macri. Jefe de Gobierno (2007/2015)
“La verdad que estamos todos muy contentos y disfrutando de que este paseo peatonal, que es el más importante de la ciudad, de la Argentina, de Latinoamérica, y que es el paseo comercial más importante del país haya recuperado todo su esplendor, porque hace a la identidad de los porteños y de los argentinos, es parte de un trabajo y un cambio fundamental que hemos hecho en todo el microcentro para que sea cada vez más de la gente y menos de los autos. Porque claramente el espacio público lo tenemos que disfrutar nosotros con tranquilidad, en armonía, con respeto y con seguridad. (…) Cada vez vamos a tener un centro en el que cada vez más gente nos quiera visitar, más gente quiera vivir, disfrutar.”

María Eugenia Vidal. Vicejefa de Gobierno (2011/2015)
“Lo más importante es lo que decía Horacio. Volver a hacer del microcentro un lugar que cuando uno viene – no como pasaba antes cuando uno se quería ir cuando antes, porque era un lugar lleno de gente, que no podía caminar, que no tenía donde ir – cuando uno ve esta calle, ve que hay más espacio, que uno se siente más cuidado porque hay más Policía Metropolitana, luces nuevas. Un lugar donde dan ganas de salir a caminar, salir a almorzar si uno trabaja en la oficina, sentarse un rato en un banco, conversar con alguien. Recuperar lugares de la ciudad que habíamos perdido con el auto.”

Guillermo Dietrich. SS de Transporte (2009/2015).
“Nuestra visión, la visión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, es que la ciudad es para la gente y debemos cambiar el uso de sus calles de los autos para la gente.”

Juan José Méndez. Jefe de Gabinete de la SS de Transporte (2011/2015).
“Cuando empezamos con este Programa, nuestra meta era convertir 100 cuadras en peatonales. Convertimos 75 cuadras y en los próximos 10 meses tenemos programadas 25 cuadras más. Hay peatones, no hay ruido, no hay polución. Fue un cambio drástico, la gente está más feliz.”

Patricio Di Stefano. Subsecretario de Uso del Espacio Público (2011/2015).
“Me veo logrando cambios, viendo cómo le cambia la vida a la gente. Todo lo que hicimos en el microcentro, un lugar muy hostil, donde la gente quería salir corriendo antes, terminaba de trabajar y se iba lo más rápido posible. No había nadie en las calles porque nadie se quería quedar en una vereda tan angosta, que pasaba el colectivo, estaban las bolsas de basura. Ver el cambio en la calidad de vida de las personas te genera satisfacción. Mientras lo haga, me veo haciendo eso.”
“Atrás de las obras y de las mejoras del espacio público, viene el desarrollo y la inversión. En el microcentro, cada vez abren más locales de ropa y locales gastronómicos que ponen mesas en las veredas para disfrutar. Antes era imposible, para empezar no había gente en la vereda, no había lugar para poner sillas y mesas, en el lugar pasaban colectivos, había ruido.”

Andrés Foingeret. Director del Intitute for Transportation & Development Policy – Argentina (2009/2015): “Buenos Aires ganó el Premio a la Movilidad Sustentable por los cambios radicales que hizo en términos de movilidad, principalmente por el proyecto de BRT (Bus Rapid Transit) 9 de julio, la promoción del uso de las bicicletas a través de su red de ciclo vías y la peatonalización del área del microcentro”.

Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CT-C26-ARPRVDG)

Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C26-ARPRVDG

Autor: Fabiana Machiavelli

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Resumen:

Los Centros Integrales de la Mujer (CIM) son servicios públicos destinados básicamente a la atención de víctimas de violencia de género, y deben contar con un equipo interdisciplinario destinado a brindar patrocinio jurídico gratuito y contención psicosocial a las mujeres que se acerquen espontáneamente o derivadas por otros servicios y juzgados. En la actualidad existen siete CIM: en Lugano, en Devoto, San Telmo, Balvanera y el centro porteño.
Tienen por objetivo brindar asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia doméstica y/o sexual. La asistencia es básicamente psicológica y legal. Están destinados a mujeres mayores de 18 años, que sufren o hayan sufrido violencia doméstica y/o sexual en cualquiera de sus formas.
Estos centros tienen su origen jurídico en el Decreto CABA Nº: 436 / 2010, que da origen al PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA y SEXUAL. El programa apunta a lograr la integralidad de la atención, partiendo de un concepto amplio de violencia y una respuesta acorde a cada situación particular, que incluya atención psicológica, asesoramiento y patrocinio jurídico, y ayuda para la reinserción social y sociolaboral. Ello implica el trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de psicólogas. abogadas, trabajadoras sociales, capacitadoras, articuladoras, etc.
En este marco, los Centros Integrales de la Mujer (CIM) serán los centros de referencia y deberán brindar información y asesoramiento general, atención integral a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia mediante la articulación y coordinación de todas las actividades y recursos de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Según estipula el decreto, la función de estos centros será la de asegurar los recursos psicológicos, legales y sociales necesarios para promover el resguardo de los derechos de las víctimas de violencia. En este sentido, prevé varias acciones, entre las que cabe destacar:
Brindar tratamientos psicológicos individuales y grupales, asesoramiento y patrocinio jurídico, trabajo integral y acompañamiento para la reinserción social, económica y laboral para mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, a fin de dar respuesta a su problemática por medio de una mirada integral.
Brindar atención integral a mujeres jóvenes embarazadas o con hijos pequeños, a través de acciones destinadas a recobrar la autoestima, el fortalecimiento ante la adversidad y la maternidad, y a ampliar sus redes de convivencia.
Brindar contención, información y derivación, a través de una escucha telefónica especializada durante las veinticuatro (24) horas del día, a víctimas de violencia doméstica
Dar respuesta a problemáticas de violencia doméstica que, por sus características específicas, requieran de un enfoque y tratamiento especializado.
Brindar asistencia integral – psicológica, médica y jurídica – a mujeres víctimas de violación o abuso actual o de larga data.

Programa distritos económicos (CT-C29-ARPRPLU)

Programa distritos económicos

Código Casoteca: CT-C29-ARPRPLU

Autor: Matías Nahuel Muñoz

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Resumen:

El proceso de urbanización constituye un fenómeno global e irreversible. Se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que esta tendencia sigue en alza. En América Latina este proceso es aún más veloz y, más allá de las diferentes tasas de urbanización, estos países se sometieron a procesos intensos de desarrollo urbano, como no hay antecedentes en la historia. Los asentamientos urbanos, concentran hoy un alto porcentaje de la economía, lo que significa que brinda a su población mayores oportunidades de desarrollos personales y comunitarios.
Hay hechos que sirven como puntos de inflexión, que se develan como parte neurálgica de un entramado más complejo y que, al observarlo, vemos en él la confluencia de intereses y disputas. Décadas atrás, una de las preocupaciones que acuciaban a los gobernantes era el acelerado crecimiento poblacional, la concentración desmesurada dentro de las áreas metropolitanas y las consecuencias económicas, sociales y sobre todo ambientales que estos procesos traen consigo. Es por ello, que gran parte de la política urbana se concentraba en tratar de controlar, reducir e interceptar los flujos migratorios rurales hacia las ciudades. En la actualidad se comprendió que los asentamientos urbanos son la forma predominante del habitar humano, que concentran la economía, producen un alto porcentaje del PBI, son fuentes de transformación y desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Vivir en ciudades hoy implica tener acceso a servicios básicos, a mayor posibilidad de adquirir un empleo productivo, mayor acceso a la educación, posibilidad de combatir la pobreza y la desnutrición, etc.
Sin embargo, la situación actual de la problemática urbana (veremos que esto se agudiza en América Latina y el Caribe) requiere medidas urgentes para enfrentar la situación de la pobreza y la marginalidad económica, social y territorial de una alta tasa de la población.
Gran parte de la nueva agenda política urbana afronta este tema a través de la necesidad de fomentar los procesos participativos, fortalecer los mecanismos institucionales de los gobiernos municipales, desarrollar áreas de decisión metropolitanas que efectúen una real descentralización de funciones, recursos y facultades. Esto permite emprender políticas públicas partiendo de la problemática específica, que se desencadenarán en la inserción en un esquema integral de políticas de desarrollo urbano tendientes al equilibrio y la sostenibilidad.
En la ciudad encontramos la presencia de lo público, lo privado y lo colectivo. La toma de decisiones de un intendente no afecta sólo a espacios y bienes públicos, sino también acciones y derechos privados que se ven afectados por medidas que tienden al bien común. Aquí se encuentra la necesidad de incentivar un proyecto colectivo de ciudad que integre a los agentes relevantes, cree mecanismos de resolución de conflictos y construya una convivencia consensuada del espacio común. Como veremos más adelante, este punto no trata sólo de fortalecer instituciones, sino de desarrollar civilidad, construir ciudadanía y fomentar el desarrollo humano.
Si bien las ciudades tienen efectos positivos sobre su población, también han demostrado ser nocivas para el medio ambiente y reproductoras de un sistema excluyente, gregario y expansivo hasta la destrucción. Es a partir de este contexto que se comprende que los controles de los niveles de consumo en el modo de vida urbano son inviables, en tanto que además de generar serios problemas ambientales, el ritmo al que se producen hace imposible la absorción y el procesamiento del ecosistema. Sobre este contexto se crea la discusión en torno a la sustentabilidad o sostenibilidad, que por los antecedentes y la importancia que tienen, se focalizan en el ámbito de las ciudades.

La modernización del sistema de compras y contrataciones (CT-C22-ARPRMDE)

La modernización del sistema de compras y contrataciones

Código Casoteca: CT-C22-ARPRMDE

Autor: Andrés Gilio

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Resumen:

Dada la envergadura que tienen los Estados y el impacto social y económico que logran como instituciones demandantes de bienes, el buen desempeño de los sistemas de compras resultan clave para el buen funcionamiento de una economía y su desarrollo.
La comprensión sobre esta situación se ha ampliado de modo significativo en los últimos años. Ello se ha manifestado en la promulgación de leyes y reglamentaciones que apuntan a modernizar los procedimientos de compra y volverlos más competitivos, intentando incrementar la transparencia, el empleo de procedimientos electrónicos, incentivando la conciencia ambiental y fomentando la participación de firmas pequeñas (Arozamena y Weinschelbaum, 2010)
A través del desarrollo de acciones que comprenden la gestión de capacidades y la introducción de instrumentos tecnológicos y normativos capaces de posibilitar el uso eficiente de los recursos y la generación de sinergias para el logro de objetivos de responsabilidad pública, se puso en marcha el portal electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC).
El BAC permitió avanzar en la modernización del Estado y, en particular, del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la incorporación de mejores prácticas que permiten mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la totalidad de las transacciones realizadas.
En este sentido, el objetivo de este caso pedagógico será describir y reflexionar sobre el proceso de implementación de Buenos Aires Compras, el nuevo sistema innovador de compras y contrataciones electrónicas del sector público de la Ciudad, que permite la interacción de los compradores, los proveedores y los ciudadanos en un mismo portal.
La creación del BAC forma parte de una estrategia integral del gobierno porteño con el fin de modernizar e innovar la gestión pública estableciendo mejores estándares en materia de transparencia, eficiencia y eficacia en los procesos de compra gubernamentales a través de la implementación de mecanismos electrónicos de selección, adquisición y contratación.
Esta política supuso un doble proceso de innovación y transformación estatal. Por un lado, implicó la adaptación, modificación y actualización la normativa y los procesos administrativos vinculados al sistema de compras y contrataciones del gobierno porteño. Por otro lado, permitió el desarrollo de una serie de capacidades tecnológicas y administrativas, a lo largo de todo el aparato estatal, con el objetivo de lograr una correcta y eficaz implementación de la política, haciendo que las compras realizadas por las unidades administrativas atraviesen de forma ágil, transparente y segura las instancias para ofertar y adquirir los productos.

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de CABA (CT-C20-ARPRSEG)

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C20-ARPRSEG

Autor: Mg. Diego P. Gorgal

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Resumen:

El 28 de octubre de 2008, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley el proyecto que había sido enviado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri para la creación de la Policía Metropolitana (PM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Así, la ciudad más grande y capital federal de la Argentina decide organizar la primera fuerza policial local, y lo hace desde “cero”.
Dicha decisión, como toda decisión de política pública de tal envergadura, supuso cierta visión sobre el problema público que reclama la atención del gobierno y ponderación de las opciones disponibles para dar cuenta de dicho problema, por un lado, e implicó importantes efectos institucionales, políticos y de política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, por otro. En este sentido, ¿qué supuso y qué implicó la decisión de crear la PM? ¿Era necesario crearla? ¿Había opciones sobre la mesa de decisión alternativas a “no hacer nada” o crear la PM tal como se la creó? La implementación de la decisión de crearla, ¿respetó la visión del decisor o también moldeó aquella decisión? ¿Se contemplaron los intereses y motivaciones del Gobierno nacional en el proceso de creación de la PM? Estos, y otros interrogantes, acompañaron el proceso de creación de la PM.
La aparición de una policía nueva en el ámbito del Gobierno de la Ciudad fue abrazada con cierto entusiasmo por la dirigencia política local y el vecino, pues el problema de la seguridad era percibido como uno de los prioritarios para el porteño—al punto que fue uno de los ejes de campaña del candidato Macri—y tanto el gobierno nacional como la Policía Federal acumulaban descrédito y desaprobación en el manejo del asunto. No obstante, dicho apoyo fundacional no se tradujo en un proceso de creación y puesta en funciones exento de dificultades, ni en el establecimiento de una policía alejada de las controversias, ni tampoco en un significativo control del problema de la inseguridad.

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil (CT-C18-ARPRSAL)

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil: el caso CONIN

Código Casoteca: CT-C18-ARPRSAL

Autor: Adrián Spitaleri

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Resumen:

Juan Patalili, abogado y miembro fundador del Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP), analizaba junto a su máxima colaboradora, la ingeniera Inés Wueyson, el convenio que la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), había firmado con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el pasado 27 de abril de 2016. Comenzado dicho año, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), había contratado a Juan, a través del CIPP, a realizar un trabajo de investigación sobre la desnutrición y su articulación con las políticas públicas en Sudamérica, el cual publicaría a fines de 2017.
El trabajo contemplaba una investigación y conclusión preliminar de todo lo realizado en materia de desnutrición en Chile y en Argentina, y su vinculación con las políticas de estado, para poder implementar un plan de erradicación. Juan e Inés vivían en Buenos Aires, pero habían logrado entrevistar al Dr. Abel Albino, oriundo de Mendoza y fundador de CONIN en Argentina, con el cual habían hablado sobre su trabajo con la desnutrición en dicho país y todo lo aprendido de su mentor, el Dr. Fernando Monckeberg en CONIN de Chile.
Con todo el material informativo y los libros escritos por los Dres. Albino y Monckeberg y sus colaboradores, empezaron a investigar y analizar todo lo realizado en ambos países para combatir la desnutrición infantil. La gente de CONIN Argentina también les facilitó los convenios que se firmaron con el Gobierno Nacional, seis meses atrás. Pudieron leer casi todo el material en muy poco tiempo, además de las varias páginas visitadas en la web, para complementar la información. Si bien tanto Juan como Inés leyeron las actuaciones en ambos países, fue Juan quién leyó más de lo realizado en Argentina e Inés lo propio con Chile.
“Inés, me gustaría que analizáramos los convenios firmados por el MDS con CONIN”, le comentó Juan. Y agregó: “Estuve leyendo con mucho detenimiento la metodología CONIN y la propuesta de CONIN que se desarrolla en el libro: Así se combate la Desnutrición. En el convenio Específico, firmado en Junio de 2016, se detalla el Plan de Objetivos y Acciones Específicas y en el libro aparecen las primeras directrices que, en número, son el doble de los planes propuestos en el convenio, además de una propuesta muy diferente respecto a la multiplicación de Centros de Prevención”. “¿Y qué es lo que te preocupa concretamente?”, preguntó Inés, con sorpresa.
“Creo que la propuesta de CONIN es realmente abarcadora, en respuesta a combatir el problema de la desnutrición y que los planes y métodos propuestos no condicen con los firmados en el convenio con el Gobierno Nacional, para erradicar la desnutrición infantil en Argentina”, expresó Juan con preocupación. Finalmente, y para terminar de exponer sus comentarios al análisis propuesto, le dijo: “Vos has leído las acciones llevadas a cabo en Chile por el Dr. Monckeberg y me parece que, contextos aparte, los cuales son muy importantes a tener en cuenta, veo limitadas las acciones a realizar en Argentina y más aún veo diferencias significativas de implementación en ambos países. Sería bueno estructurar nuestro análisis en función de estas diferencias, ¿qué te parece Inés?”.
“Sí, efectivamente. Creo que sería muy importante para poder sacar conclusiones y analizar estas diferencias, conocer y entender las políticas, los programas, los cambios institucionales e iniciativas legales implementados, que conformaron el proceso que permitió erradicar la desnutrición infantil en Chile”, respondió Inés con seguridad. Y preguntó entusiasmada: “¿No crees que además podríamos pensar e incorporar algunas ideas en cómo transformar esta necesidad en Argentina en política de estado y su posterior evaluación?”
“¡Claro que sí”, – contesto Juan -, “¡solo a mí se me ocurre trabajar con una ingeniera!”

Gabinete metropolitano (CT-C16-ARPRPLU)

Gabinete metropolitano

Código Casoteca: CT-C16-ARPRPLU

Autores: Mauro Solano, Eugenia Cardelli, Matias Arrieta y Asociacion Civil Goberneo

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Resumen:

El Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMBA) supone un conglomerado complejo, de una gran densidad poblacional, donde los distintos límites político-administrativos (locales, provinciales y nacionales) se entrecruzan con la necesidad de resolución de distintos conflictos de diferentes aristas (salud, medio ambiente, trabajo, producción, seguridad, transporte, entre otros). Por esto, consideramos que se trata de un entramado con aristas particulares, donde los fenómenos sociales que atraviesan y han caracterizado históricamente al AMBA, se complejizan por la dificultad de plantear abordajes integrales, que engloben la visión de distintos actores, las estrategias y los recursos de distintos gobiernos para su resolución.
Frente a esta situación, la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidieron impulsar de forma conjunta la creación de un Gabinete Metropolitano para el trabajar en forma coordinada las problemáticas de la región. La iniciativa, fue definida por la Gobernadora de la siguiente manera: “En esta primera reunión que hemos tenido con el Jefe de Gobierno de la Ciudad y nuestros respectivos gabinetes fue con el objetivo de armar un gabinete metropolitano. Más que crear un organismo, para no crear más estructura ni burocracia, decidimos con Horacio que la manera más efectiva era poner a nuestros ministros a trabajar en conjunto, reunirnos periódicamente con ellos para hacer el seguimiento de cada uno de los compromisos en conjunto que tomemos … Todo es más fácil que fluya y así se consolida el trabajo en equipo. Nos hemos propuesto una agenda de temas en conjunto y le vamos a dar un seguimiento personal, tanto Horacio como yo, una vez por mes, para que los avances se traduzcan en anuncios concretos que le den respuestas a los vecinos para que vivan mejor”.
Se trata entonces de un espacio de planificación, coordinación y seguimiento de iniciativas conjuntas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA), donde se busca identificar temas y proyectos de interés mutuo, construir vínculos y confianza entre organismos de ambas jurisdicciones, y el seguimiento de la implementación de algunas iniciativas conjuntas bajo una lógica no burocrática. En este sentido, se procura vehiculizar experiencias, recursos, saberes y equipos de trabajo en pos de la resolución de problemas complejos que afectan a la población de la región. A través de la conformación de mesas de trabajo interjurisdiccionales, se busca trazar una agenda de temas comunes, y distintas alternativas para el abordaje de los problemas de forma coherente y conjunta.