Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CT-C26-ARPRVDG)

Los Centros integrales de la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C26-ARPRVDG

Autor: Fabiana Machiavelli

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Resumen:

Los Centros Integrales de la Mujer (CIM) son servicios públicos destinados básicamente a la atención de víctimas de violencia de género, y deben contar con un equipo interdisciplinario destinado a brindar patrocinio jurídico gratuito y contención psicosocial a las mujeres que se acerquen espontáneamente o derivadas por otros servicios y juzgados. En la actualidad existen siete CIM: en Lugano, en Devoto, San Telmo, Balvanera y el centro porteño.
Tienen por objetivo brindar asistencia, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia doméstica y/o sexual. La asistencia es básicamente psicológica y legal. Están destinados a mujeres mayores de 18 años, que sufren o hayan sufrido violencia doméstica y/o sexual en cualquiera de sus formas.
Estos centros tienen su origen jurídico en el Decreto CABA Nº: 436 / 2010, que da origen al PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA y SEXUAL. El programa apunta a lograr la integralidad de la atención, partiendo de un concepto amplio de violencia y una respuesta acorde a cada situación particular, que incluya atención psicológica, asesoramiento y patrocinio jurídico, y ayuda para la reinserción social y sociolaboral. Ello implica el trabajo conjunto de un equipo interdisciplinario de psicólogas. abogadas, trabajadoras sociales, capacitadoras, articuladoras, etc.
En este marco, los Centros Integrales de la Mujer (CIM) serán los centros de referencia y deberán brindar información y asesoramiento general, atención integral a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia mediante la articulación y coordinación de todas las actividades y recursos de la Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Según estipula el decreto, la función de estos centros será la de asegurar los recursos psicológicos, legales y sociales necesarios para promover el resguardo de los derechos de las víctimas de violencia. En este sentido, prevé varias acciones, entre las que cabe destacar:
Brindar tratamientos psicológicos individuales y grupales, asesoramiento y patrocinio jurídico, trabajo integral y acompañamiento para la reinserción social, económica y laboral para mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, a fin de dar respuesta a su problemática por medio de una mirada integral.
Brindar atención integral a mujeres jóvenes embarazadas o con hijos pequeños, a través de acciones destinadas a recobrar la autoestima, el fortalecimiento ante la adversidad y la maternidad, y a ampliar sus redes de convivencia.
Brindar contención, información y derivación, a través de una escucha telefónica especializada durante las veinticuatro (24) horas del día, a víctimas de violencia doméstica
Dar respuesta a problemáticas de violencia doméstica que, por sus características específicas, requieran de un enfoque y tratamiento especializado.
Brindar asistencia integral – psicológica, médica y jurídica – a mujeres víctimas de violación o abuso actual o de larga data.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias (CT-C25-ARNCECO)

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias: análisis de una medida controvertida;

Código Casoteca: CT-C25-ARNCECO

Autor: Raquel Sastre

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Resumen:

Corría el mes de julio del 2016, el día había amanecido frío y lluvioso, otro día más gris en ese invierno que parecía prolongarse indefinidamente. El I
CT-C25-ARNCECO Rev. 03/2017
ngeniero
Agrónomo Nicolás Venancio Álvarez Calderón, estaba sentado en su despacho pensativo. Al inicio del año había sido convocado por el nuevo gobierno electo en diciembre de 2015 para el cargo de Ministro de Agroindustria. Por supuesto, cuando recibió el ofrecimiento aceptó gustoso. Se sintió muy honrado y también reconocido en
la labor comunitaria y política que desde algunos años venía desarrollando.
Oriundo de una familia con tradición agropecuaria en la provincia de Santa Fe,
Nicolás había dedicado su vida al campo. Además de sembrar en las propiedades de la familia, arrendaba tierras en la zona de Perdices, provincia de Entre Ríos, y era muy respetado por sus conocimientos técnicos y su calidez humana. Su perspectiva del sector agropecuario industrial siempre la vivió desde el sector privado y participaba de entidades gremiales patronales. Ahora, en el sector público, veía la situación desde otra
perspectiva y esto lo preocupaba.
El gobierno anterior no había tenido buenas relaciones con el sector
agropecuario, entre otras razones, por mantener las retenciones a las exportaciones de granos (trigo, maíz y soja) durante 13 años. Había vivido muy de cerca la tensión entre el sector público y el privado en el 2008, cuando el gobierno intentó cambiar el régimen de las retenciones haciéndolas móviles y aumentándolas en función del alza de los
precios internacionales.
Recordaba los cortes de ruta y los reclamos del sector que, al final, consiguió
que no se pusiera en vigor la medida propuesta por el gobierno. Durante la campaña política, previa a las elecciones presidenciales del 2015, el partido opositor PRO conformó la Fundación PensAr. Su objetivo era articular grupos de trabajo para abordar los temas cruciales de cambios que se deberían implementar. Nicolás había participado activamente del grupo dedicado a los agronegocios y el 8 de 2014 se publicó un
documento titulado Propuesta de Política Agroindustrial (ver ANEXO 1).
El 25 de agosto de 2015 el candidato del partido opositor PRO, que resultó el
presidente electo, reafirmó su promesa de campaña de eliminar las retenciones a todos
los cultivos, menos a la soja que se reduciría a razón de un 5% por año.
Ese lunes Nicolás había acabado de salir de una reunión de Gabinete con el Presidente. Se levantó de su mesa pensativo y se acercó a la ventana. Pudo ver el reflejo de su rostro que, a pesar de tener 42 años ese día parecía tener muchos más. Las presiones llegaban de todas partes. Cuando el nuevo gobierno asumió en el 2015 inmediatamente cumplió su promesa de campaña y redujo la retención de la soja del 35% al 30% (Decreto 133/2015).
Los productores de soja asociados en la Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina (ACSOJA) querían más, pedían el otro 5% de reducción para la campaña 2016-2017. La siembra de soja de la campaña 2016-2017 se realiza en la primavera, pero los productores presionaban para saber con anticipación si verán reducidas las retenciones para decidir cuánta superficie implantarían y adquirir las semillas, uno de los insumos de alto costo y obtener rentabilidad. Nicolás se había reunido la semana anterior con ellos y hubo una tensa discusión. Desde el otro lado de la mesa, les confesó a los productores que las necesidades fiscales quitaban margen para un nuevo recorte: “seguirán en el 30%”, les dijo y agregó: “Hay situaciones delicadas y la decisión no pasa exclusivamente por mí. Somos parte de un gabinete económico y vamos a dar nuestra posición, pero entiendo que hay situaciones que han cambiado respecto de lo presupuestado como es el caso de las tarifas, y todos tenemos que acomodarnos a la realidad. Vamos a reunirnos la semana próxima con el Presidente y con el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas para ir avanzando en esta dirección, pero no es un tema que estemos tocando actualmente en el Gabinete”.
Nicolás debía enfrentar un dilema: mantener las retenciones, aun incumpliendo una promesa de campaña o eliminarlas. El argumento que escuchó de los funcionarios del Gabinete que se oponían a eliminarlas era que la rentabilidad del sector agrícola era muy buena en el caso de la soja, considerando que los precios internacionales en junio habían subido un 23% con referencia a los precios promedios del primer trimestre de 2016 y que se comercializaba alrededor de los US$ 400 la tonelada en el mercado de Chicago. También señalaron que, con la reducción en diciembre del año pasado del 5%, el sector recibió un plus de US$ 1.200 millones en sus ingresos y consideran que no son tiempos para otro sacrificio fiscal.
Por su parte los productores de soja, representados por el presidente y el vicepresidente de ACSOJa, le habían asegurado que por culpa de lluvias excesivas en la campaña anterior hubo mucho rechazo de granos con alto contenido de humedad y que en zonas productivas como la provincia de Santa Fe, reparar el daño climático implicará a un gasto aproximado de $45.000 millones (ver ANEXO 2).
El Presidente fue claro esa mañana. Le dejó a Nicolás la autonomía para tomar la decisión sobre las retenciones, justificarla y comunicarla al sector privado. Algunas semanas atrás Nicolás había contactado a Jan Niegrzeczny, un especialista en políticas públicas en el área de los agronegocios y le pidió que elaborara un informe con recomendaciones. Por la tarde se reuniría con el asesor para analizar su propuesta y tomar una decisión: seguirla o elaborar una propuesta alternativa. Nicolás debía prepararse ¿Por dónde comenzar?
En ese momento Nicolás recordó a su antiguo profesor en la Facultad de Agronomía, Felipe Villanueva a quién admiraba por su profesionalismo y su equidad al analizar la compleja trama de la cadena productiva agropecuaria-industrial en la Argentina. Con simpatía, afabilidad y, a veces, una fina ironía el profesor dictaba sus clases de Cadenas de Agronegocios y permitía que lo grabaran. Felizmente Nicolás había guardado las transcripciones de sus clases. Se levantó rápidamente de su sillón, pidió un café a su secretaria y comenzó a repasar las enseñanzas de su admirado profesor.

Programa distritos económicos (CT-C29-ARPRPLU)

Programa distritos económicos

Código Casoteca: CT-C29-ARPRPLU

Autor: Matías Nahuel Muñoz

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Resumen:

El proceso de urbanización constituye un fenómeno global e irreversible. Se estima que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que esta tendencia sigue en alza. En América Latina este proceso es aún más veloz y, más allá de las diferentes tasas de urbanización, estos países se sometieron a procesos intensos de desarrollo urbano, como no hay antecedentes en la historia. Los asentamientos urbanos, concentran hoy un alto porcentaje de la economía, lo que significa que brinda a su población mayores oportunidades de desarrollos personales y comunitarios.
Hay hechos que sirven como puntos de inflexión, que se develan como parte neurálgica de un entramado más complejo y que, al observarlo, vemos en él la confluencia de intereses y disputas. Décadas atrás, una de las preocupaciones que acuciaban a los gobernantes era el acelerado crecimiento poblacional, la concentración desmesurada dentro de las áreas metropolitanas y las consecuencias económicas, sociales y sobre todo ambientales que estos procesos traen consigo. Es por ello, que gran parte de la política urbana se concentraba en tratar de controlar, reducir e interceptar los flujos migratorios rurales hacia las ciudades. En la actualidad se comprendió que los asentamientos urbanos son la forma predominante del habitar humano, que concentran la economía, producen un alto porcentaje del PBI, son fuentes de transformación y desarrollo económico, social, cultural, político, etc. Vivir en ciudades hoy implica tener acceso a servicios básicos, a mayor posibilidad de adquirir un empleo productivo, mayor acceso a la educación, posibilidad de combatir la pobreza y la desnutrición, etc.
Sin embargo, la situación actual de la problemática urbana (veremos que esto se agudiza en América Latina y el Caribe) requiere medidas urgentes para enfrentar la situación de la pobreza y la marginalidad económica, social y territorial de una alta tasa de la población.
Gran parte de la nueva agenda política urbana afronta este tema a través de la necesidad de fomentar los procesos participativos, fortalecer los mecanismos institucionales de los gobiernos municipales, desarrollar áreas de decisión metropolitanas que efectúen una real descentralización de funciones, recursos y facultades. Esto permite emprender políticas públicas partiendo de la problemática específica, que se desencadenarán en la inserción en un esquema integral de políticas de desarrollo urbano tendientes al equilibrio y la sostenibilidad.
En la ciudad encontramos la presencia de lo público, lo privado y lo colectivo. La toma de decisiones de un intendente no afecta sólo a espacios y bienes públicos, sino también acciones y derechos privados que se ven afectados por medidas que tienden al bien común. Aquí se encuentra la necesidad de incentivar un proyecto colectivo de ciudad que integre a los agentes relevantes, cree mecanismos de resolución de conflictos y construya una convivencia consensuada del espacio común. Como veremos más adelante, este punto no trata sólo de fortalecer instituciones, sino de desarrollar civilidad, construir ciudadanía y fomentar el desarrollo humano.
Si bien las ciudades tienen efectos positivos sobre su población, también han demostrado ser nocivas para el medio ambiente y reproductoras de un sistema excluyente, gregario y expansivo hasta la destrucción. Es a partir de este contexto que se comprende que los controles de los niveles de consumo en el modo de vida urbano son inviables, en tanto que además de generar serios problemas ambientales, el ritmo al que se producen hace imposible la absorción y el procesamiento del ecosistema. Sobre este contexto se crea la discusión en torno a la sustentabilidad o sostenibilidad, que por los antecedentes y la importancia que tienen, se focalizan en el ámbito de las ciudades.

La modernización del sistema de compras y contrataciones (CT-C22-ARPRMDE)

La modernización del sistema de compras y contrataciones

Código Casoteca: CT-C22-ARPRMDE

Autor: Andrés Gilio

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Resumen:

Dada la envergadura que tienen los Estados y el impacto social y económico que logran como instituciones demandantes de bienes, el buen desempeño de los sistemas de compras resultan clave para el buen funcionamiento de una economía y su desarrollo.
La comprensión sobre esta situación se ha ampliado de modo significativo en los últimos años. Ello se ha manifestado en la promulgación de leyes y reglamentaciones que apuntan a modernizar los procedimientos de compra y volverlos más competitivos, intentando incrementar la transparencia, el empleo de procedimientos electrónicos, incentivando la conciencia ambiental y fomentando la participación de firmas pequeñas (Arozamena y Weinschelbaum, 2010)
A través del desarrollo de acciones que comprenden la gestión de capacidades y la introducción de instrumentos tecnológicos y normativos capaces de posibilitar el uso eficiente de los recursos y la generación de sinergias para el logro de objetivos de responsabilidad pública, se puso en marcha el portal electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC).
El BAC permitió avanzar en la modernización del Estado y, en particular, del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la incorporación de mejores prácticas que permiten mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la totalidad de las transacciones realizadas.
En este sentido, el objetivo de este caso pedagógico será describir y reflexionar sobre el proceso de implementación de Buenos Aires Compras, el nuevo sistema innovador de compras y contrataciones electrónicas del sector público de la Ciudad, que permite la interacción de los compradores, los proveedores y los ciudadanos en un mismo portal.
La creación del BAC forma parte de una estrategia integral del gobierno porteño con el fin de modernizar e innovar la gestión pública estableciendo mejores estándares en materia de transparencia, eficiencia y eficacia en los procesos de compra gubernamentales a través de la implementación de mecanismos electrónicos de selección, adquisición y contratación.
Esta política supuso un doble proceso de innovación y transformación estatal. Por un lado, implicó la adaptación, modificación y actualización la normativa y los procesos administrativos vinculados al sistema de compras y contrataciones del gobierno porteño. Por otro lado, permitió el desarrollo de una serie de capacidades tecnológicas y administrativas, a lo largo de todo el aparato estatal, con el objetivo de lograr una correcta y eficaz implementación de la política, haciendo que las compras realizadas por las unidades administrativas atraviesen de forma ágil, transparente y segura las instancias para ofertar y adquirir los productos.

La implementación de la Ley de Financiamiento Educativo (CT-C21-ARNCEDU)

La implementación de la Ley de Financiamiento Educativo: la aplicación del artículo que “sanciona” a las provincias

Código Casoteca: CT-C21-ARNCEDU

Autores: Guillermina Salse y Alejandra Cardini

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Resumen:

La Ley No 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE) fue sancionada el 21 de diciembre de 2005. La puesta en marcha de la implementación de la ley se inició en 2006 a través de lo dispuesto en el art. 12, que establecía que el Ministerio de Educación debía realizar convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordando las metas y los recursos que ambas partes asignaban para cumplir esas metas.
El dilema principal ocurrió a inicios del segundo año de implementación de la LFE. A fines de febrero de 2007, momento en que se preparaba una nueva reunión del Consejo Federal de Educación, San Luis era la única provincia que había incumplido con la firma del Convenio Bilateral. Ello ponía en un dilema a las autoridades del Ministerio de Educación, especialmente a Osvaldo Devries, Subsecretario Nacional de Planeamiento Educativo y funcionario responsable de gestionar y monitorear el cumplimiento de la LFE.
Devries tenía amplía experiencia en negociaciones con funcionarios provinciales. Su paso por el cargo de Secretario del Consejo Federal de Educación le había potenciado su fuerte compromiso con las soluciones a los conflictos educativos de las provincias y los ocurridos entre la Nación y las jurisdicciones, respetando siempre el tenor federal de esas soluciones.
Durante años había tenido amplias responsabilidades de gestión en el ámbito de las políticas educativas y reconocía la importancia de la decisión que debía tomar: ¿debía hacer uso del art. 173 de la LFE y aplicar medidas sancionatorias?. Ante el incumplimiento de la ley por parte de alguna provincia, este artículo habilitaba al Ministerio de Educación -en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación- a retener las transferencias de los fondos de los programas del Ministerio Nacional. ¿O debía buscar otras alternativas de solución previas a la aplicación de la sanción?
Otras dudas se le plantearon a Devries: ¿Ponía en consideración el tema en la reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), como lo habilitaba (y quizás obligaba) la LFE? Si fuera así, ¿qué propuesta se llevaría?, ¿Cómo era el equilibrio de fuerzas al interior del CFE?, ¿qué fortalezas tenían los acuerdos (Convenios Bilaterales) que habían firmado las otras provincias?, ¿cuáles serían las reacciones de las demás provincias que ya habían firmado?, ¿había otros mecanismos de acuerdo previo a la aplicación de la cláusula? , ¿qué otros actores había que considerar en la decisión?

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de CABA (CT-C20-ARPRSEG)

La creación y comienzo de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Código Casoteca: CT-C20-ARPRSEG

Autor: Mg. Diego P. Gorgal

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Resumen:

El 28 de octubre de 2008, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó con fuerza de ley el proyecto que había sido enviado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri para la creación de la Policía Metropolitana (PM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Así, la ciudad más grande y capital federal de la Argentina decide organizar la primera fuerza policial local, y lo hace desde “cero”.
Dicha decisión, como toda decisión de política pública de tal envergadura, supuso cierta visión sobre el problema público que reclama la atención del gobierno y ponderación de las opciones disponibles para dar cuenta de dicho problema, por un lado, e implicó importantes efectos institucionales, políticos y de política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, por otro. En este sentido, ¿qué supuso y qué implicó la decisión de crear la PM? ¿Era necesario crearla? ¿Había opciones sobre la mesa de decisión alternativas a “no hacer nada” o crear la PM tal como se la creó? La implementación de la decisión de crearla, ¿respetó la visión del decisor o también moldeó aquella decisión? ¿Se contemplaron los intereses y motivaciones del Gobierno nacional en el proceso de creación de la PM? Estos, y otros interrogantes, acompañaron el proceso de creación de la PM.
La aparición de una policía nueva en el ámbito del Gobierno de la Ciudad fue abrazada con cierto entusiasmo por la dirigencia política local y el vecino, pues el problema de la seguridad era percibido como uno de los prioritarios para el porteño—al punto que fue uno de los ejes de campaña del candidato Macri—y tanto el gobierno nacional como la Policía Federal acumulaban descrédito y desaprobación en el manejo del asunto. No obstante, dicho apoyo fundacional no se tradujo en un proceso de creación y puesta en funciones exento de dificultades, ni en el establecimiento de una policía alejada de las controversias, ni tampoco en un significativo control del problema de la inseguridad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) como política de inclusión social (CT-C19-ARNCSGS)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) como política de inclusión social

Código Casoteca: CT-C19-ARNCSGS

Autores: Juan Segundo Bellocq y Tomas Andrés Kidd

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Resumen:

Era la segunda semana de abril del 2016 y ya quedaba claro que el invierno le podía ganar de mano al otoño. Entre las largas lluvias de abril traídas por El Niño y el frío del invierno tempranero, este otoño estaba amagando a quedarse muy corto. Dentro de este panorama y con múltiples capas de abrigo Santiago L. Ibarzabal Murphy, Sub- director Ejecutivo de Prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), llegaba a la oficina.
Eran las 8:20 de la mañana del lunes y, como casi todas las mañanas, Santiago calentaba el agua para el mate con especial cuidado de que no le hirviera. Mientras tanto, a medida que iba preparando el mate y sacándole el polvo a la yerba, Santiago se puso a pensar en la importancia de la reunión que iba a tener con el Director Ejecutivo, Emilio Basavilbaso, al final de la semana. En esa reunión, habiendo cumplido casi 6 meses en el cargo, Santiago tendría que presentar un informe evaluador sobre el desempeño de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde su implementación. Más importante aún, en ese informe él deberá presentar una recomendación de re-diseño de la AUH sostenida con argumentos convincentes y datos sólidos. En efecto, su recomendación podría determinar el futuro de la política e impactar sobre millones de beneficiarios.
Con ese objetivo en mente, Santiago había programado con su equipo una serie de reuniones a lo largo de la semana para poder discutir juntos sobre el impacto de la política, evaluar su desempeño y delinear distintas posibilidades de re-diseño. El relevamiento de esta información había comenzado desde enero del 2016, un mes después de comenzar en el cargo. Ahora bien, llegar a un consenso sobre el re-diseño de la política no sería tarea fácil porque, si bien había suficiente evidencia ‘científica’ sobre el impacto de la AUH en los últimos años, su equipo estaba muy dividido sobre qué rumbo debía tomar para que mejorara. A grandes rasgos, el equipo se dividía en dos posturas que estaban lideradas por Alejandro y Gabriel.
Por un lado estaba Alejandro, economista de profesión, amante del futbol de posesión y “bancador a muerte de Messi”, que pensaba que a la AUH había que hacerle pocos cambios debido al impacto positivo que tenía sobre varios ejes:
“Si uno mira el impacto que tiene la Asignación sobre la pobreza económica, los niveles de ingreso, las tasas de matriculación escolar y la tasas de atención pediátrica de los beneficiarios, vemos que estamos en la presencia de una de las mejores políticas contemporáneas para combatir la pobreza. La clave de la política está en las ‘condicionalidades’: mandar a sus chicos a la escuela y a que se vacunen. Sin esas condicionalidades lo más probable es que no los mandarían, por lo cual es clave que tengan un incentivo económico para hacerlo. Por ende, es vital seguir focalizando la política en el sector pobre de la población y seguir exigiendo esas condicionalidades”.
Por otro lado estaba Gabriel, abogado de profesión, baterista frustrado y fanático de Ringo Starr, que si bien estaba de acuerdo con Alejandro de que la AUH mostraba resultados positivos, sostenía que el alcance real de la política a largo plazo era limitado y que debía cambiarse su diseño:
“Actualmente hay niños que por tecnicidades normativas de la AUH no están cubiertos, y por ende, el sistema de seguridad social argentino les está fallando. Creo que debemos universalizar la política a todos los niños menores de 18 años (entendiendo que por universalizar estoy proponiendo que exista una única Asignación por Hijo para todo menor del país, indistinto del tipo de inserción laboral que tenga sus padres) y no exigir condicionalidades. En esencia, sacarle la prestación por incumplimiento supone que la responsabilidad es entera de los individuos y no del Estado, algo inmoral e irresponsable desde la perspectiva del Estado de Bienestar. Más importante aún, la prestación se le debe otorgar a todo niño porque es su derecho por su condición de menor, no por ser hijo de desempleado o informal. De esta manera también evitaremos una desigualdad en el monto y el trato entre la Asignación Familiar por Hijo para trabajadores formales y la AUH para trabajadores informales o desempleados”.
Si bien Santiago había escuchado ambas posturas de manera informal durante los últimos meses hablando con los distintos miembros de su equipo, se daba cuenta que necesitaba más información para desempatar entre las dos posturas. Más importante aún, él percibía que ambas posturas tenían un poco de razón y que su recomendación también podría estar situada como un punto intermedio entre ambas. En efecto, Santiago sabía que las reuniones de los próximos días serían claves.
Inesperadamente, el sonido del agua burbujeando le interrumpe la reflexión y, con un poco de frustración, deja la pava abierta para que ventile un poco y se enfríe el agua.

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil (CT-C18-ARPRSAL)

La articulación publico privada en la lucha contra la desnutrición infantil: el caso CONIN

Código Casoteca: CT-C18-ARPRSAL

Autor: Adrián Spitaleri

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Resumen:

Juan Patalili, abogado y miembro fundador del Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP), analizaba junto a su máxima colaboradora, la ingeniera Inés Wueyson, el convenio que la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), había firmado con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el pasado 27 de abril de 2016. Comenzado dicho año, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), había contratado a Juan, a través del CIPP, a realizar un trabajo de investigación sobre la desnutrición y su articulación con las políticas públicas en Sudamérica, el cual publicaría a fines de 2017.
El trabajo contemplaba una investigación y conclusión preliminar de todo lo realizado en materia de desnutrición en Chile y en Argentina, y su vinculación con las políticas de estado, para poder implementar un plan de erradicación. Juan e Inés vivían en Buenos Aires, pero habían logrado entrevistar al Dr. Abel Albino, oriundo de Mendoza y fundador de CONIN en Argentina, con el cual habían hablado sobre su trabajo con la desnutrición en dicho país y todo lo aprendido de su mentor, el Dr. Fernando Monckeberg en CONIN de Chile.
Con todo el material informativo y los libros escritos por los Dres. Albino y Monckeberg y sus colaboradores, empezaron a investigar y analizar todo lo realizado en ambos países para combatir la desnutrición infantil. La gente de CONIN Argentina también les facilitó los convenios que se firmaron con el Gobierno Nacional, seis meses atrás. Pudieron leer casi todo el material en muy poco tiempo, además de las varias páginas visitadas en la web, para complementar la información. Si bien tanto Juan como Inés leyeron las actuaciones en ambos países, fue Juan quién leyó más de lo realizado en Argentina e Inés lo propio con Chile.
“Inés, me gustaría que analizáramos los convenios firmados por el MDS con CONIN”, le comentó Juan. Y agregó: “Estuve leyendo con mucho detenimiento la metodología CONIN y la propuesta de CONIN que se desarrolla en el libro: Así se combate la Desnutrición. En el convenio Específico, firmado en Junio de 2016, se detalla el Plan de Objetivos y Acciones Específicas y en el libro aparecen las primeras directrices que, en número, son el doble de los planes propuestos en el convenio, además de una propuesta muy diferente respecto a la multiplicación de Centros de Prevención”. “¿Y qué es lo que te preocupa concretamente?”, preguntó Inés, con sorpresa.
“Creo que la propuesta de CONIN es realmente abarcadora, en respuesta a combatir el problema de la desnutrición y que los planes y métodos propuestos no condicen con los firmados en el convenio con el Gobierno Nacional, para erradicar la desnutrición infantil en Argentina”, expresó Juan con preocupación. Finalmente, y para terminar de exponer sus comentarios al análisis propuesto, le dijo: “Vos has leído las acciones llevadas a cabo en Chile por el Dr. Monckeberg y me parece que, contextos aparte, los cuales son muy importantes a tener en cuenta, veo limitadas las acciones a realizar en Argentina y más aún veo diferencias significativas de implementación en ambos países. Sería bueno estructurar nuestro análisis en función de estas diferencias, ¿qué te parece Inés?”.
“Sí, efectivamente. Creo que sería muy importante para poder sacar conclusiones y analizar estas diferencias, conocer y entender las políticas, los programas, los cambios institucionales e iniciativas legales implementados, que conformaron el proceso que permitió erradicar la desnutrición infantil en Chile”, respondió Inés con seguridad. Y preguntó entusiasmada: “¿No crees que además podríamos pensar e incorporar algunas ideas en cómo transformar esta necesidad en Argentina en política de estado y su posterior evaluación?”
“¡Claro que sí”, – contesto Juan -, “¡solo a mí se me ocurre trabajar con una ingeniera!”

Gabinete metropolitano (CT-C16-ARPRPLU)

Gabinete metropolitano

Código Casoteca: CT-C16-ARPRPLU

Autores: Mauro Solano, Eugenia Cardelli, Matias Arrieta y Asociacion Civil Goberneo

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Resumen:

El Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires (AMBA) supone un conglomerado complejo, de una gran densidad poblacional, donde los distintos límites político-administrativos (locales, provinciales y nacionales) se entrecruzan con la necesidad de resolución de distintos conflictos de diferentes aristas (salud, medio ambiente, trabajo, producción, seguridad, transporte, entre otros). Por esto, consideramos que se trata de un entramado con aristas particulares, donde los fenómenos sociales que atraviesan y han caracterizado históricamente al AMBA, se complejizan por la dificultad de plantear abordajes integrales, que engloben la visión de distintos actores, las estrategias y los recursos de distintos gobiernos para su resolución.
Frente a esta situación, la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidieron impulsar de forma conjunta la creación de un Gabinete Metropolitano para el trabajar en forma coordinada las problemáticas de la región. La iniciativa, fue definida por la Gobernadora de la siguiente manera: “En esta primera reunión que hemos tenido con el Jefe de Gobierno de la Ciudad y nuestros respectivos gabinetes fue con el objetivo de armar un gabinete metropolitano. Más que crear un organismo, para no crear más estructura ni burocracia, decidimos con Horacio que la manera más efectiva era poner a nuestros ministros a trabajar en conjunto, reunirnos periódicamente con ellos para hacer el seguimiento de cada uno de los compromisos en conjunto que tomemos … Todo es más fácil que fluya y así se consolida el trabajo en equipo. Nos hemos propuesto una agenda de temas en conjunto y le vamos a dar un seguimiento personal, tanto Horacio como yo, una vez por mes, para que los avances se traduzcan en anuncios concretos que le den respuestas a los vecinos para que vivan mejor”.
Se trata entonces de un espacio de planificación, coordinación y seguimiento de iniciativas conjuntas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA), donde se busca identificar temas y proyectos de interés mutuo, construir vínculos y confianza entre organismos de ambas jurisdicciones, y el seguimiento de la implementación de algunas iniciativas conjuntas bajo una lógica no burocrática. En este sentido, se procura vehiculizar experiencias, recursos, saberes y equipos de trabajo en pos de la resolución de problemas complejos que afectan a la población de la región. A través de la conformación de mesas de trabajo interjurisdiccionales, se busca trazar una agenda de temas comunes, y distintas alternativas para el abordaje de los problemas de forma coherente y conjunta.

Fomento al empleo registrado (CT-C15-ARNCLAB)

Fomento al empleo registrado: Reducción de cargas laborales a pequeñas empresas

Código Casoteca: CT-C15-ARNCLAB

Autor: Lucas Ronconi

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Resumen:

Es una mañana calurosa de noviembre de 2011. En las oficinas del Ministerio de Trabajo nacional, en Av. Leandro Alem al seiscientos, se vive un clima festivo. Unas semanas atrás, Cristina Fernández de Kirchner resultó reelecta Presidenta de la Nación con el 54,1% de los votos y una diferencia de más de 37 puntos porcentuales frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. Entre los cuadros políticos ya se está gestando el ‘vamos por todo’ que la Presidenta pronunciará meses más tarde. Pero hay algunos datos que no son tan alentadores. Esa mañana se procesaron los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) correspondientes al mes de octubre de 2011, y resulta que la cantidad de asalariados registrados del sector privado no ha aumentado mucho. “A diferencia del fuerte crecimiento observado desde la salida de la crisis de diciembre de 2001 hasta el 2008, periodo durante el cual creamos cerca de dos millones de empleos registrados en el sector privado, desde el 2009 la creación de puestos formales se desacelera, y el poco empleo creado se explica en gran medida por la expansión del sector público,” se sincera un alto funcionario, respaldado además por el último reporte de la Encuesta Permanente de Hogares que elabora el INDEC, que indica que más del 40% de los trabajadores del país son informales, ya sea porque son asalariados no registrados o porque trabajan haciendo changas u otras actividades precarias1. Afuera, en la calle, un grupo de adolescentes limpia parabrisas a cambio de una moneda.
“Este año electoral le dimos con todo a la maquinita de imprimir billetes y expandimos el gasto público lo que pudimos, sin embargo, el empleo está bastante planchado y la informalidad no baja; hay que buscar otras alternativas” razonó el mismo funcionario con pretensiones de agudeza analítica. En efecto, a partir de ese momento se creó un grupo formado por cuadros técnicos y segundas líneas de diversas áreas del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de proponer reformas creativas dirigidas a reducir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo privado. Esta iniciativa terminará dos años y medio más tarde, con la sanción de la ley No. 26940 en mayo de 2014. En el presente caso se describe y analiza la reducción de cargas patronales a micro-empleadores, uno de los componentes centrales de la ley 26940. El eje del documento gira en torno a las principales disyuntivas que enfrentaron los encargados de diseñar e implementar dicha política pública.